Un crimen que toca nuestras puertas
El informe del Departamento de Estado de los EEUU del 2010, precisa que la trata de personas es un negocio criminal en movimiento que se transforma respondiendo a las variaciones en el mercado, a la situación de los países más empobrecidos, así como a los vacíos legales y políticos que facilitan ciertos recorridos, orígenes o destinos (http://www.state.gov/Chile no está ajeno a este crimen internacional, una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM/Chile), establece la existencia de 147 víctimas, 87,7% de ellas, víctimas de trata internacional y 12,2% de trata interna. Detectando 26 niños y niñas que representan el 17,6%. A esta cifra, habría que añadir los 52 casos detectados por ONG Raíces en el 2007 (ONG Raíces, OIM, Trata de niños, niñas y adolescentes. Una realidad oculta. Estudio exploratorio sobre la trata con fines de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes en las regiones I, V y Región Metropolitana).
Como una estrategia significativa para hacer frente a este crimen, nuestro país cuenta, desde el 8 de abril de este año, con la Ley 20.507 que “Tipifica los Delitos de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y establece Normas para su Persecución y más efectiva Sanción criminal”. La que permite sentar las bases para avanzar en la prevención, persecución, sanción y protección de las víctimas.
Lamentablemente, luego de la promulgación de esta ley, hemos visto como en sólo dos meses, han aparecido en la prensa cuatro casos de trata de personas.
Durante la primera semana de mayo fue detenido en la frontera norte del país un ciudadano peruano identificado como Pedro Guajardo Buenaño. Según la policía, Guajardo Buenaño intentaba ingresar a tres mujeres colombianas, quienes pagaron casi U$ 300 cada una para ser trasladadas a la ciudad de Arica. El 16 de mayo, en el control policial y aduanero de Cuya, se descubrió que en un camión se escondían 17 ciudadanos peruanos, entre ellos un niño de 8 años. El chofer del camión había cobrado $170.000 pesos en total, al grupo de inmigrantes para introducirlos en el país. El 25 de mayo fueron detenidos 14 individuos por trata de personas, siete dominicanos, seis chilenas y una ecuatoriana que operaban en Santiago, Concepción, San Antonio y Caldera.
Pero el caso que ha concitado mayor atención, tanto de la prensa como de las autoridades, es el de los cerca de 100 trabajadores paraguayos que desempeñaban labores agrícolas al interior de uno de los fundos del empresario Francisco Javier Errázuriz.
La investigación realizada por el Ministerio del Trabajo, reveló que los trabajadores no contaban con visa de trabajo, que la empresa no mantenía un libro de asistencia y que tampoco tenían contratos laborales que ligaran a las personas con la compañía.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, declaró a la prensa que se comunicó con la embajadora de Paraguay en Chile, Terumi Matsuo, para expresarle que "de acuerdo a la ley de Extranjería y Migraciones, se configura esta falta que implica que hay personas cumpliendo labores sin su documentación al día".
En este caso, según lo explicado por las autoridades gubernamentales, podemos observar que no es tan difícil o improbable que se esté estableciendo una manera de reclutar personas de países vecinos para trabajar en Chile, en condiciones de desprotección y abuso.
En Paraguay en tanto, la Fiscal de la Unidad Especializada en Trata de Personas, Teresa Martínez, señaló que existen dos individuos imputados por el delito de "trata de personas con fines de explotación personal y laboral", a partir de datos proveídos por la denuncia realizada por una pareja de paraguayos que lograron llegar a Paraguay.
En Chile, los Diputados María Antonieta Saa y Tucapel Jiménez declararon que “independiente del resultado que den los tribunales de justicia, creemos que se configura el delito de trata laboral”. Los parlamentarios explicaron que, a su juicio, “se dan las características que están consideradas en el tipo penal de trata de personas”, a decir, “primero ellos fueron captados por enganche en barrios y ciudades paraguayas, principalmente en ciudad del Este. La promesa era ganar tres millones de guaranís, equivalente a $300 mil pesos, un trabajo que tenía buenas condiciones laborales, de alojamiento y de comida. Pasa el tiempo y a los que llegan antes -entrevistamos a uno que llevaba tres meses- les iban a pagar $180 mil pesos y le descuenta el pasaje, la comida, el alojamiento y el costo de la visa de turista, por lo tanto, el trabajador, en vez de recibir $180 mil, recibe solo $20 mil pesos”, expresó la Diputada Saa. Además, solicitó “que se realice una investigación exhaustiva”.
Denisse Araya, Directora de ONG Raíces, aclaró por qué cerca de 60 trabajadores paraguayos declaran estar en buenas condiciones y permanecen en el fundo del empresario. “No es para nada extraño, así funciona el circuito del delito de la trata cuando se ven descubiertos, captan a las personas más vulnerables del grupo, les pagan de inmediato, les entregan mayores incentivos, les cambian toda su situación (…) recuerden que ellos han dejado todo, están con las manos vacías, sin ninguna posibilidad de regresar”. Para ella, una actitud parecida adoptan los “tratantes o enganchadores que tratan de pasar por víctimas, para evitar ser encarcelados. Por eso hay que centrarse en las 55 víctimas, ellos vinieron con el sueño de lograr una vida mejor para sus familias, no a ser esclavizados”, expresó.
Araya, agregó que en este caso, lo más grave es la presencia de dos personas menores de edad. “Nuestra actual legislación acorde a los compromisos firmados, como la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo de Palermo exponen claramente que una persona menor de 18 es un niño/a, y como tal, en estas condiciones, siempre es considerado como un delito de trata”.
Así mismo, el Diputado Jiménez expresó que “llevaremos esto a las comisiones de Trabajo y de Derechos Humanos pero también al instituto nacional de DDHH para que, el instituto usando todas sus facultades pueda querellarse y hacerse parte de este proceso judicial. Creemos que esto, junto con condenarlo y lamentarlo, debe ser una oportunidad para legislar”.
Por todas las razones expuesta, debemos estar alerta y preparados para hacer frente a este tipo de situaciones. La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes hacia Chile, se está haciendo cada vez más recurrente y sistemática y, amenaza con convertirse en una práctica peligrosa que puede servir para que algunas personas lucren con la necesidad laboral de los migrantes.
Perseguir criminalmente a los perpetradores, defender a las víctimas y entregarles protección, son las directrices que componen la recién estrenada ley 20.507, si como país no cumplimos con estos mandatos básicos, nos exponemos a que esta actividad ilícita se consolide, en virtud de la falta de acciones penales que desincentiven esta práctica criminal.
Fuente: ONG Raíces
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